El acuerdo que presentó el gobernador de Neuquén ante la comunidad mapuche para establecer un mecanismo de “consulta previa” para el desarrollo de Vaca Muerta, generó un fuerte rechazo desde el ámbito político.

El peronista Miguel Ángel Pichetto y el radical Pablo Cervi cuestionaron severamente la propuesta que presentó el gobernador Gutiérrez a las comunidades aborígenes, principalmente por la posibilidad de que esa propuesta pueda comprometer la inversión más importante que tiene en marcha la Argentina.

“Esta es una concesión inexplicable y es aceptar y ceder ante hechos extorsivos. Es poner de rodillas al Estado Argentino ante los mapuches, o grupos étnicos que se proclaman de ese modo. Decisiones como esta lesionan la soberanía”, manifestó el dirigente peronista y auditor general, quien tiene una posición crítica sobre el modo en el que el gobierno nacional enfrenta el desafío de esos sectores indigenistas, con reivindicaciones que han adquirido incluso caracter violento.

Pichetto también fue muy crítico contra el gobernador Gutiérrez: “Nunca tuvo una posición clara ni hizo uso legítimo y legal de la fuerza pública para los comportamientos y acciones ilegales. La Justicia muchas veces no toma medidas, pero cuando las toma y decide aplicar una orden de desalojo, el gobernador no siempre la hace cumplir”.

Por su parte, Cervi expresó: “Con el argumento de darle a la comunidad mapuche la consulta previa que establece la OIT mete la cola la política y los intereses. En el departamento de Añelo no había mapuches y por una toma que tuvimos nosotros se pudo confirmar ante la Justicia que no tenían personería jurídica para actuar, principalmente, porque no se puede conformar una asociación civil para tomar tierras, es decir para delinquir”, explicó Cervi.

El diputado resaltó que “no hay ninguna comunidad en la traza del Gasoducto Néstor Kirchner, por lo que darle participación es darle un derecho que no tienen. Lo que han hecho siempre es juntar gente decir que son una comunidad y ocupar tierras fiscales. Después empiezan a reclamar y conseguir beneficios. Con este protocolo fue igual: presionaron, y el gobierno provincial terminó cediendo”, cerró contundentemente.