Las represas en el río Santa Cruz, las mega factorías de cerdos y la posible concesión de la hidrovía Paraná son los ejemplos más resonantes de proyectos de China que ponen en riesgo el medio ambiente argentino.

China tiene varios proyectos de inversión en la Argentina que, según los gobiernos de ambos países, generarán desarrollo económico, pero ¿hasta qué punto serán rentables si el medio ambiente está en peligro?

Uno de los más resonantes es la construcción de mega represas en el Río Santa Cruz, que ya están en marcha. Luego, está el acuerdo porcino que busca instalar factorías de cerdos en el interior del país y que, aunque no fue firmado y no se hizo un informe de impacto ambiental, se dejó a las provincias la posibilidad de avanzar por su cuenta, como ya lo hizo Chaco.

Por último, el Gobierno está licitando la construcción y gestión de la Hidrovía Paraná —un canal navegable por los ríos Paraguay, Paraná y algunos de sus afluentes— y una de las empresas que compiten por conseguirla es china, y tiene una reputación de malos tratos con la naturaleza.

“No maten al río”: las represas en el Río Santa Cruz

Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) comenzó a desarrollarse, con la financiación de China, el plan de construir mega represas hidroeléctricas en el río Santa Cruz, que nace en el escudo de Hielo Patagónico y cruza la provincia homónima hasta desembocar en el Atlántico. Un proyecto que resonaba hacía años.

Actualmente, están en fase de construcción, pero de manera lenta. El río tiene que ser desviado para ubicar las dos represas “Presidente Néstor Kirchner” y “Gobernador Jorge Cepernic”, y después vuelto a encaminar, una maniobra complicada que aún no se hace.

Según ONG y activistas, la construcción de estas represas:

–Podría afectar a los glaciares, en la zona más extensa de estos gigantes de hielo en el país: el río al ser represado podría afectar a su naciente, el Lago Argentino (donde se encuentra el Parque Nacional Los Glaciares), que vería un impacto en su nivel del agua que oscilaría entre bajar y subir de manera extraordinaria en cualquier momento del año, según la demanda energética.

–Podría extinguir al ave macá tobiano, una especie endémica de Santa Cruz que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo y está en peligro

–Afecta a las comunidades de pueblos originarios que viven en la zona. Entre otras cosas, sus “enterratorios” —una especie de cementerios— quedarían bajo el agua.

–Podría haber una pérdida histórica ya que se inundaría la “bahía de los fósiles” e impediría la búsqueda de patrimonio paleontológico.

Además, varios activistas e investigadores de ONG declaran que las evaluaciones de impacto ambiental están mal hechas y son insuficientes. Algunos datos alarmantes sobre la poca confianza que inspiran los informes de impacto ambiental son:

– En 2020 hubo dos derrames de gasoil confirmados, aunque los vecinos sospechan que fueron más.

– Los datos presentados no son suficientes para garantizar la seguridad de los ecosistemas.

– La obra empezó sin haber consultado a las comunidades originarias afectadas, según lo exige el Convenio 169 de la OIT (la consulta no es vinculante).

– La energía generada por las mega represas se insertaría en el sistema interconectado nacional, no beneficiaría directamente a la provincia y, en el curso del transporte, se perdería mucha energía.

– En 2019, un talud que es la base para hacer la pared de una de las represas se agrietó y esta se tuvo que correr del margen derecho del río al margen izquierdo.

Gracias a un Recurso Extraordinario presentado por la organización Banco de Bosques, la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitó en 2020 información complementaria a los organismos del Estado involucrados en la construcción —la Dirección de Parques Nacionales, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES)— sobre el impacto ambiental que tendrían las represas. Aún estos informes no fueron entregados.

Sofía Nemenmann es una de las impulsoras del movimiento Río Santa Cruz Sin Represas, que ya lleva años en la lucha. “Creo fervientemente que esto no se va a hacer porque realmente no es un negocio desde ningún punto de vista. Yo no estoy apelando ni siquiera a la sensibilidad de quienes toman la decisión, porque veo que no es rentable económicamente. En otros países están sacando a las represas”, explicó a Carbono News, y enfatizó: “Como dice el líder de la comunidad mapuche-tehuelche Lof Fem Mapu, Sergio Nahuelquir, ‘el río se defiende solo’”.

María Marta Di Paola, directora de Investigación en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), dijo que “los estudios (de impacto ambiental) que se han presentado no son lo suficientemente concluyentes y bajo el principio precautorio la obra debería esperar”.

Además, se suma una complicación. En 2014, en la firma de la Asociación Estratégica Integral entre los dos países, Argentina consiguió un préstamo de China para la renovación total de las vías del Ferrocarril Belgrano Cargas. La investigadora explicó que el contrato de las represas de Santa Cruz contiene una cláusula “cross default” de cumplimientos cruzados. Es decir que, si se cancelara la obra de las represas, también lo haría el préstamo para los trenes. “Cuando hablamos de las represas hablamos de dos proyectos”, resumió la especialista.

Algo huele mal: megafactorías de cerdos

El acuerdo con China consiste en la instalación de 25 granjas productivas de aproximadamente 12.500 cerdas cada una, para abastecer a ese país de carne porcina, la más consumida allí. Según estima el Gobierno argentino, en cuatro años se llegaría a producir 900.000 toneladas anuales. Cada factoría sería encargada de procesar los granos para la alimentación de los cerdos, criarlos, llevarlos al matadero y, por último, el trabajo de envasado.

El tratado aún no fue firmado porque carecía de una evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, sin hacer informes ambientales ni consulta popular, firmó un convenio de cooperación con la empresa de capitales chino-argentinos Feng Tian Food para poner en marcha tres mega factorías en su provincia.

Las críticas a esta idea son muchas y provienen de distintos ámbitos: activistas, vecinos, científicos y abogados, entre otros, preocupados por la contaminación, destrucción a los territorios y enfermedades que generaría.

Guillermo Folguera, biólogo, investigador del CONICET y uno de los autores de “10 mitos y verdades de las megafactorías de cerdos”, dijo en entrevista con Carbono News que estas megafactorías generarían un “gran impacto socioambiental” como ya lo hicieron en otras partes del mundo, y enumeró: olores nauseabundos, expulsión de comunidades de su territorio, y poco trabajo.

Folguera considera que, en su lugar, el Estado debería invertir en los pequeños productores. En este sentido, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) presentó al Gobierno una propuesta alternativa de granjas porcinas sin venenos ni antibióticos, creando más puestos de trabajo, y criando la misma cantidad de animales que el proyecto original.

“Estamos en total desacuerdo con el trato que quieren llevar a cabo desde el Gobierno porque va a ser un golpe ambiental. Lleva a más soja, más concentración de tierras, más hambre, menos alimento, menos soberanía alimentaria. Entonces nosotros proponemos miles de granjas mixtas para producir tanto cerdos como frutas y verduras, y reutilizar el abono para la tierra. Aparte de esto, también significa producto nacional para abastecimiento local y fortalecer la economía. Todo esto llevaría a un sistema saludable para el país y el medio ambiente”, indicó a Carbono Erika Solís, miembro de de la UTT.

La propuesta de los trabajadores agrícolas que fue presentada al Gobierno no fue escuchada.

Biodiversidad en jaque: la hidrovía Paraná-Paraguay

La hidrovía es un corredor natural de más de 3400 km de largo que atraviesa los puertos de la Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Es una de las reservas hídricas más importantes del mundo por el caudal de los ríos que desaguan en ella, por su diversidad biológica y la riqueza de sus territorios.

Desde el menemismo (1989-1999 en Argentina), quien opera la “Cuenca del Plata” es una empresa belga, Jan de Nul, pero el 30 de abril de 2021 vence su concesión. Tras idas y vueltas entre estatizarla o dejarla en manos de algún privado, el Gobierno decidió finalmente volver a licitar su concesión, y ya se postularon cinco empresas: dos belgas (Dredging International y la que quiere renovar), dos holandesas (Boskalis y Van Oord) y una china, Shanghai Dredging, una subsidiaria de la China Communications Construction Company (CCCC) del Gobierno chino.