Después de que la oposición en la Ciudad de Buenos Aires encontrara un posible caso de corrupción en el acarreo de grúas que tenía los precios de la concesión atrasados más de una década y estaba pagando una suma insignificante para uno de los servicios más rentables de la Capital, Larreta decidió “solucionar” el conflicto estatizando el sistema.

Desde el 1° de octubre, los 500 trabajadores que realizaban los trabajos de grúas para las empresas Dakota y BRD pasarбn a la órbita de SBASE, una sociedad del Estado porteño que administra los subtes y que está en convenio con Camioneros.

El pase a las manos del Estado genera un choque con Hugo Moyano, quien exigió la aplicación de la “Ley Moyano“, que requiere que todos los afiliados al Sindicato de Camioneros reciban una indemnización cuando su empresa cambia de dueños, aunque no existe una normativa que lo requiera.

El sindicato amagó con declararle la guerra al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por “querer precarizar el salario de 500 trabajadores que realizan los trabajos de grúas y remolques y sacarlos del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89″, según explicó Pablo Moyano, pero, como siempre, finalmente terminaron llegando a un acuerdo.

Para lograr esto sin problemas con Moyano, Larreta accedió a pagarle a cada uno de los 500 empleados una indemnización de $4 millones, con un costo toal de $2.000 millones que saldrán del bolsillo de los contribuyentes porteños.